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RECLAMACIÓN DE LOS GASTOS DE FORMALIZACIÓN DEL CRÉDITO HIPOTECARIO II

El pasado 13 de febrero, publiqué un artículo sobre la reclamación de los gastos de formalización del crédito hipotecario, en el que tras hacer oportuna referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015 y a la falta de un criterio unánime entre los diferentes juzgados y audiencias provinciales,  recomendaba antes de plantear la demanda, esperar el fallo del Alto Tribunal resolutorio de la titularidad pasiva del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, señalando la oportunidad de iniciar con carácter previo un procedimiento conciliador.

Tras la incertidumbre generada en cuanto al pago de los gastos e impuestos derivados de la operación, se han publicado dos nuevas sentencias de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo constituida en Pleno, 147/2018 y 148/2018, ambas de 15 de marzo de 2018.

Al estimar parcialmente los recursos de los consumidores, el T.S. ha inclinado la balanza a favor de las entidades de crédito al atribuirles únicamente el pago de la mitad del coste de los documentos notariales y copias de la hipoteca, imponiendo al cliente el abono del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que es el gasto de mayor cuantía. No se hace referencia por no ser motivo de los recursos al resto de los gastos: tasación de la vivienda, gestoría, Notaría y Registro de la Propiedad.

Con esta decisión de su Sala de lo Civil, el Tribunal Supremo consolida la doctrina de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, competente en materia de tributos, al resolver que es el consumidor como sujeto pasivo del impuesto, quien debe pagar el IAJD derivado de la constitución del préstamo hipotecario.

Al ser los fallos comentados contrarios al interés del cliente, falta esperar la resolución de los recursos presentados por las organizaciones de consumidores ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, máximo garante de la intepretación y aplicación de la legislación de la UE, que en más de una ocasión se ha pronunciado a favor del consumidor y en contra de la banca.

Ya en 1908 publicó Ortega y Gasset un artículo en la revista Faro donde expresaba: “Mi liberalismo lo exige: me importa más Europa que España”.

En mi opinión, para asegurar el resultado del litigio en la medida de lo posible, es necesario concretar más qué es lo que debemos reclamar al banco atendiendo al criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

 

Amador Tenorio Rivas

Abogado

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